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He dejado pasar unas horas antes de ponerme a escribir. No quería que la perplejidad, el cabreo y la pena por el espectáculo parlamentario me nublaran la vista y me impidieran ver lo importante, la convalidación del Real Decreto Ley 32/2021 y su consolidación jurídica. 

No podemos minusvalorar los graves efectos –no son anecdóticos– de la degradación política, institucional y democrática en que estamos inmersos. Pero me resisto a que el ruido generado me impida escuchar la esperanza de miles de personas trabajadoras que pueden ver mejoradas sus condiciones de trabajo y de vida. 

Ni al más rebuscado guionista se le podían haber ocurrido algunos de los giros del esperpento vivido. Aunque si lo pensamos bien era una crónica anunciada desde el primer minuto, después de conocerse el acuerdo de concertación social entre el Gobierno, sindicatos y patronal. 

En pleno in crescendo de la mentira y la manipulación como ejes de la estrategia de crispación de la derecha extrema y la extrema derecha, el sindicalismo confederal y la patronal, en un ejercicio de responsabilidad, han sabido llegar a un difícil acuerdo a partir de la defensa de los intereses propios de cada cual. 

Deberíamos recordar que, en contra de la concepción restrictiva que algunos tienen de la democracia, la concertación social es una de las formas de participación que nuestra Constitución promueve desde su Título preliminar (art 7). Hoy, además, contribuye a la estabilidad y a la vertebración social, de las que no vamos muy sobrados últimamente. 

Aunque debería ser celebrado como un éxito democrático, en la lógica de la polarización extrema en la que estamos instalados, el pacto se ha convertido en un argumento utilizado para descalificar sus resultados. Para algunos –demasiados– a babor y estribor cualquier expresión política que sea fruto de un acuerdo es intrínsecamente perversa. 

Así, mientras el sindicalismo confederal y la patronal asumían sus responsabilidades y el equipo del Ministerio de Trabajo hacia un gran trabajo de mediación y composición del acuerdo, buena parte del debate político y de la opinión publicada o tertuliada se han situado en el terreno de la superficialidad y de la vacuidad. 

Mientras quienes representan intereses de parte, de los trabajadores y las empresas, los han hecho compatibles con el interés general, algunos partidos políticos que supuestamente tienen la responsabilidad de atender al bien común han actuado preocupados únicamente por el «que hay de lo mío» en su sentido más literal. 

Durante semanas hemos escuchado a representantes políticos hablar de todo menos del contenido de la norma aprobada y su impacto en las personas trabajadoras, las empresas y la economía. 

Llegar así al debate de convalidación del Decreto Ley no hacia presagiar nada bueno. Es la consecuencia inevitable cuando la política se concibe como aquello que afecta a los políticos y no lo que interesa a las personas. Es también el resultado de la hipérbole en la escenificación política y de una lógica en la que la ciudadanía se concibe como un mero consumidor de la política. Todo ello auspiciado y alimentado por unos medios de comunicación obsesionados por la audiencia. 

Aunque sería injusto meter a todo el mundo en el mismo saco, sobre todo después de oír intervenciones parlamentarias como la de Aina Vidal –por citar una– o trabajos periodísticos como el de Aimar Bretos la misma noche del jueves. Hay más buenas prácticas políticas y mediáticas de las que la espectacularización de la vida nos deja ver.

Mucho me temo que esta lógica bipolar se va a mantener en las próximas semanas. Mientras algunos continuarán con su estrategia de crispación y del todo vale, a los protagonistas del acuerdo de concertación social, convertido ya en Ley, les toca volver al tajo, del que algunos nunca se han marchado. 

Las normas son importantes, pero por si solas no transforman la realidad. Ahora se inicia una nueva etapa, la de desarrollar la ley, interpretarla, lucharla, aplicarla y exigir su cumplimiento.

Al equipo del Ministerio de Trabajo le corresponde la tarea del desarrollo reglamentario de la Ley aprobada, respondiendo además a los interrogantes que se hayan podido detectar en la norma. 

El resultado final de esta nueva legislación depende en parte de la actitud que adopten las empresas. Unas, por convencimiento o exigencia legal, ya están estudiando los cambios que deben hacer en su política de contratación laboral, incluso en la organización del trabajo, para cumplir con la nueva ley. 

Otras empresas, adictas a la estrategia competitiva de la temporalidad abusiva y los bajos salarios, intentaran procesos de mutación de la precariedad para eludir los cambios en la legislación laboral. Como hicieron con la creación de las empresas de servicios integrales para evitar la igualdad salarial conquistada sindicalmente para las personas que trabajan en ETTS. O lo que recientemente han hecho algunas plataformas digitales de reparto para eludir la Ley Rider, mientras otras firmaban convenios colectivos para aplicar la norma. 

En este escenario, a las y los sindicalistas de CCOO y UGT les toca la ardua tarea de llevar la ley a los centros de trabajo y luchar para que se aplique. Un reto nada fácil, porque las empresas con más precariedad son también –o quizás por eso– aquellas en las que los sindicatos tienen una menor presencia organizada. Al mismo tiempo tendrán que aprovechar el reequilibrio de fuerzas en la negociación colectiva, conquistado con la nueva legislación, para hacer que los convenios colectivos refuercen sus contenidos. 

Los iuslaboralistas llevan semanas analizando el texto de la Ley para sacarle el máximo de jugo en la dirección de sus objetivos declarados, la garantía de estabilidad y calidad en el empleo. 

Mientras, mis colegas abogados laboralistas están ya trabajando para conseguir un cambio de orientación en la jurisprudencia de los tribunales de lo social. Trataran de evitar la continuidad rutinaria de una concepción liberal del mercado de trabajo y autoritaria de las relaciones laborales. Aunque su principal preocupación es que los juicios por despido no tarden más de un año en celebrarse –como sucede ahora en algunos tribunales– con lo que la tutela judicial efectiva se convierte en una entelequia.

A la Inspección de Trabajo le toca continuar con su tarea, ahora con un nuevo régimen de sanciones que puede ser un gran desincentivo al uso abusivo y fraudulento de la temporalidad. Al tiempo que deberán protegerse de las descalificaciones que reciben de la extrema derecha por sus inspecciones en algunas explotaciones agrarias. Escuchar a la portavoz del Partido Popular en el debate parlamentario del Decreto Ley 32/2021, fue como volver al siglo XIX, cuando los propietarios de esclavos se presentaron como victimas de la abolición de la esclavitud, exigiendo y consiguiendo compensaciones económicas por dejar de tener esclavos en propiedad. 

A todos ellos, empresas, sindicalistas, juristas y empleados públicos les toca continuar en el tajo, cada cual el suyo, asumiendo sus responsabilidades e intentando no dejarse arrastrar por el ruido ensordecedor de la crispación. 

Seria deseable que las izquierdas políticas identifiquen bien donde está su tajo y no queden atrapadas en la telaraña de la bronca de la política de los políticos, oportunamente amplificada por los voceros mediáticos de la extrema derecha. 

Deberían tomar nota de lo mucho que aporta la concertación social, que en esta legislatura está siendo determinante para que el trabajo, como categoría social, ocupe la centralidad política que durante décadas había perdido. 

Si las izquierdas políticas no quieren verse arrastradas a un terreno en el que siempre pierden, deben apostar claramente para que los trabajos –con todas sus diversidades– ocupen la centralidad de la política. Y para conseguirlo, lo mejor es volver al tajo. 

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